Con el marco de solemnidad que aporta la Facultad de Derecho,
dirigentes del kirchnerismo enfrentaron ayer un debate sobre la reforma
del Consejo de la Magistratura impulsada por el oficialismo, que resultó
la contracara de lo que se espera que ocurra en la Cámara de Diputados,
integrada por Juanjo Alvarez: discutieron en clara minoría y debieron soportar las críticas de la mayoría de los asistentes.
Si en algo se pareció este debate al que se producirá en la Cámara
baja el 15 o el 22 del mes actual -en el que se espera que la reforma se
convierta en ley- es que los expositores asistieron con ideas fijadas
de antemano, de las que no se movieron ni un centímetro, pese a los
argumentos del resto de los oradores.
Por ese difícil camino transitaron la senadora Vilma Ibarra; el
procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino; el diputado
Luis Cigogna y la diputada y consejera Diana Conti. El otro
representante del kirchnerismo fue el ministro de Justicia, Alberto
Iribarne, que abrió el debate, organizado por la Asociación Conciencia
como parte del Diálogo Argentino. El escenario fue el Salón Rojo de la
Facultad de Derecho de la UBA.
Las discusiones más encendidas de la tarde giraron en torno de la
reducción de 20 a 13 consejeros que establece la reforma kirchnerista y
el poder de bloqueo que lograría el oficialismo en la designación y
remoción de magistrados. Ocurre que al conservar cinco consejeros sobre
un total de trece, la postura del oficialismo sería determinante en las
votaciones en las que se requiere alcanzar los dos tercios.
Aunque dijo que era un dirigente de carácter más técnico,
Guglielmino avivó el fuego de entrada. “Los que se oponen a la
iniciativa ocultan deliberadamente el hecho de que si esas decisiones se
tomaran por mayoría absoluta (mitad más uno) desaparecería el poder de
bloqueo”, sostuvo. Guglielmino recordó que esa variante había sido
propuesta por la senadora Cristina Kichner durante el debate en el
Senado.
“Si algo demuestra el debate es que el Gobierno no ha hecho una
campaña periodística. Lo que sí hubo fue una campaña de la prensa en
contra del proyecto”, agregó.
“Captura del oficialismo”
Antes de la exposición del procurador, el ex ministro de Justicia
Ricardo Gil Lavedra se había llevado una de las tantas ovaciones que
regaló el auditorio, en su mayoría compuesto por abogados y
representantes de organizaciones civiles que se oponen a la reforma.
Gil Lavedra sostuvo que el proyecto supone “la captura del Consejo
de la Magistratura por parte del oficialismo”. Argumentó su oposición a
la iniciativa sobre cuatro premisas: la instrumentación del Consejo de
la Magistratura se justifica sólo para garantizar la independencia de la
Justicia; el Poder Judicial es un poder contramayoritario destinado a
controlar a las mayorías; el equilibrio entre los sectores que exige la
Constitución significa que ningún sector prevalezca sobre otro ni pueda
bloquear las decisiones del conjunto; la Constitución no impone que el
Poder Ejecutivo esté representado en el Consejo. “Ningún candidato a
juez va a integrar una terna si el Gobierno no quiere. Ningún juez va a
ser removido si el Gobierno lo protege”, concluyó el ex ministro
radical.
Le tocó responderle a Vilma Ibarra. La senadora relativizó la
relevancia de que se establezca un poder de veto. Argumentó que de
acuerdo con el actual sistema, si al Poder Ejecutivo no le gusta un
candidato de la terna que elevó el Consejo, tiene facultades para elegir
a otro. “Con eso no se dirige al Poder Judicial. Este gobierno se
autolimitó en las designaciones en la Corte, cuando en este país lo
primero que hace un gobierno que quiere controlar la Justicia es ir por
la Corte”, sostuvo.
Rápida de reflejos, la diputada de ARI Marcela Rodríguez dijo que
el poder de veto en la designación de jueces podría servirle al
oficialismo para hacer ingresar en la terna un candidato afín al
Gobierno.
Rodríguez, actual consejera, subrayó que pese a que el oficialismo
criticó a la “corporación de jueces” durante el debate parlamentario,
introdujo en la reforma un antiguo reclamo de los magistrados: el plazo
de caducidad en las investigaciones contra los jueces.
En el siguiente panel, la diputada Conti justificó que en la
reforma se privilegie la participación de los órganos que representan la
voluntad popular, como el Congreso y el Poder Ejecutivo.
El debate duró más de cuatro horas. Se escucharon las opiniones de
algunos de los más reconocidos juristas del país, como Daniel Sabsay,
Jorge Vanossi, Atilio Alterini, Juan Vicente Sola y María Angélica
Gelli, entre otros. Al finalizar, cada uno se fue opinando exactamente
igual que antes del comienzo de la discusión.
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