En enero me preguntaban cuándo empezaba la guerra, y eso no ocurrió

Una ola de histeria recorre Argentina. Los rumores de saqueos a los comercios inundan los telediarios, a pocas horas del primer aniversario de la caótica salida de Fernando de la Rúa de la presidencia. Mientras el Gobierno de Eduardo Duhalde intenta calmar las aguas, los comerciantes de las zonas pobres compran armas para defenderse. Las autoridades temen que las manifestaciones convocadas para recordar el cacerolazo que expulsó a De la Rúa acaben en revueltas. Los organizadores, por su lado, advierten sobre la represión policial, como la que se cobró 33 vidas en diciembre pasado. Juan José Álvarez, ministro de Justicia y Seguridad de Argentina, visitó España y expuso sus ideas acerca de este tema candente.
Pregunta. ¿Puede haber revueltas en el aniversario de la renuncia de De la Rúa?
Respuesta. Mire, no tengo un pronóstico dramático, pero sí tengo la obligación de estar prevenido y he tomado los recaudos para evitar que haya violencia.
P. Hay denuncias de saqueos incitados por sectores políticos.
R. Puede haber a quien le interese generar caos, pero esos sectores son absolutamente minoritarios. Actuamos de forma preventiva, distribuyendo alimentos en las zonas más pobres. Además, los grupos piqueteros [parados que reclaman subsidios y alimentos] han dicho que van a protestar en paz.
P. ¿Argentina se ha transformado en un país inseguro?
R. Hoy no estamos en el paraíso, pero sin duda estamos mejor que a principios de año. Pusimos en marcha un cerrojo alrededor de la ciudad de Buenos Aires, para controlar la delincuencia, y está funcionando muy bien.
P. Pero los problemas continúan.
R. Por supuesto que hay problemas, pero la situación se ha tranquilizado bastante. Le cuento una confidencia: lo único que me preguntaban en enero los empresarios, los embajadores y los corresponsales extranjeros era cuándo comenzaba la guerra civil, la escalada final de la violencia. Eso finalmente no ocurrió, y no es poca cosa haberlo evitado.
P. ¿Cómo se maneja con una policía a veces cuestionada por la misma población?
R. No es nada fácil. Todos los días tengo el desafío de resolver los problemas sobre la marcha, con la policía en las calles. Los argentinos resolvimos el problema militar, bien o mal, con los militares dentro de los cuarteles. Con la policía no se puede hacer lo mismo, porque juega el Boca Juniors o porque hay un accidente. ¡No la podemos cerrar cuatro días ni para hacer inventario!
P. Hay quienes reclaman que los militares actúen en temas de seguridad.
R. Eso está prohibido por la ley. Además, la gente no piensa ese papel para los militares.
P. ¿Cree que hay que modificar la policía?
R. Creo que no hay que tomar una actitud negociadora con la policía frente a una sospecha de corrupción. El policía que sea descubierto en una actitud deshonesta tiene que ser apartado inmediatamente.
P. Necesita poder político para hacer eso.
R. Lo mío es simple, si no me escuchan, yo me voy del cargo. Pero les digo a los jefes policiales que ellos se marchan conmigo.

Definen el nuevo plan para combatir la inseguridad

Los gobiernos nacional y bonaerense salieron hoy a mostrar juntos a dos de los principales funcionarios del área seguridad y anunciaron la consolidación de operativos conjuntos entre las fuerzas de ambas jurisdicciones.
El encuentro fue entre el secretario de Seguridad de la Nación, Norberto Quantin, y el ministro del área a nivel provincial, Juan José Alvarez.
“Trabajamos juntos, no hay diferencias, no hay discordias, no hay celos, queremos inculcar en la fuerzas ese espíritu de colaboración”, señaló Quantin.
Efectivamente, como ocurrió con otros encuentros, hubo aquí una clara intención de mostrar juntas a las autoridades nacionales y bonaerenses, en la búsqueda por dejar atrás la polémica entre funcionarios de las distintas jurisdicciones, a partir de las críticas del presidente Néstor Kirchner y del ministro de Justicia, Gustavo Beliz.
Quantin consideró que “trabajar en forma discrepante sería estúpido de nuestra parte, sería condenarnos nosotros mismos al fracaso”.
“No podemos pensar que de un lado y de otro de la (avenida) General Paz o del Riachuelo puede haber una policía y un nivel de seguridad distinto” del otro, agregó el funcionario nacional. Por su parte, Alvarez dijo que se procura la “complementación de las fuerzas federales que ya están trabajando en el territorio de la provincia de Buenos Aires”.
También señaló que esa tarea será consolidada para un mejor resultado.
“Lo podemos hacer en una forma más coordinada y ordenada para aprovecharla mejor, concretamente debiera haber fuertes operativos conjuntos”.
Quantin cerró el encuentro proponiendo trabajar “unidos y coordinados”, y propuso “distribuir bien” los gastos para los materiales que necesitan las fuerzas de seguridad.

Límite , por Horacio Verbitsky

El asedio a la Legislatura por un minúsculo grupo que impidió la sesión, rompió y quemó las puertas de acceso, no dejó vidrio sano y retuvo como rehenes durante horas a sus trabajadores, marca un límite que el gobierno nacional no debería ignorar, sin grave riesgo para su futuro.
Se iban a tratar las enmiendas al Código de Convivencia promovidas por el hombre de negocios dudosos Mauricio Macri. Su proyecto confunde contravenciones con delitos, promueve soluciones violentas para conflictos vecinales, devalúa la libertad de los pobres. Con toda razón, muchos afectados procuraban hacer reflexionar a los legisladores. Sobre estos reclamos se montaron las microfracciones de la paleoizquierda, que sueñan con la toma del Palacio de Invierno. Como cada vez convocan a menor número han incrementado la audacia de sus acciones. El más silencioso y pensante de sus líderes decidió prenderle fuego a la sede de Repsol y la escalada que se inició esa tarde no cesa. Desprecian el marco institucional y desearían tirarlo abajo para construir una república democrática popular del área de una manzana, que es su máximo horizonte.
El gobierno nacional definió una política sagaz y decente: no reprimir. Pero esto requiere una planificación y una ejecución en el terreno, cuya ausencia es tan funcional a los intereses creados que detestan a este gobierno imprevisto como la previsible provocación trotskysta. En el verano de 2001/2 creían que el poder estaba al alcance de la mano. La movilización no era de centenares sino de decenas de miles de personas. El secretario de Seguridad Juan José Alvarez definió una política: disuadir por el número de efectivos, el vallado y la prevención. Con buena información (obtenida por el diálogo directo con los manifestantes antes que por la infiltración de inteligencia) y control político inflexible sobre una fuerza de seguridad a la que no se le permitía el uso de armas letales, consiguió atravesar esos tórridos meses sin víctimas que ensombrecieran más aún al país. Su minimalismo no recibió el reconocimiento que merecía.
Hoy la contención no violenta debería ser mucho más fácil, por la soledad en que se mueven los adoradores del fuego. Pero la escandalosa ineficacia de la Secretaría de Seguridad convierte cada manifestación en una ruleta rusa y encierra al gobierno en un dilema con dos términos perdedores: los del descontrol o la muerte. Norberto Quantín y José María Campagnoli hicieron un buen trabajo como fiscales de la ciudad Buenos Aires. No les da para más y cada día se les nota más. La incapacidad de ese equipo es una bendición para quienes, como dice el presidente Kirchner, quieren inviabilizar su gobierno. Ayer se vio que pueden lograrlo. El tiempo no sobra.

Alvarez, un dirigente dialoguista, frontal y experto en seguridad

Durante el último año se llamó a silencio y optó por el bajo perfil. Ahora, a un paso de ocupar la Secretaría de Seguridad porteña, y luego de la tragedia en el boliche República Cromagnon que ya se cobró 187 vidas, el diputado nacional Juan José Alvarez (PJ-Buenos Aires) regresa a un lugar de máxima exposición pública.
Ubicado en una de las últimas filas en el recinto de la Cámara baja, Alvarez no pronunció muchos discursos desde que asumió su cargo por el PJ en diciembre de 2003, como parte del llamado “tren fantasma”, frase con la que la oposición identificó a las viejas figuras de la política que llegaron a la Cámara y desilusionaron a quienes esperaban nuevas caras, luego de la crisis de 2001 y del “que se vayan todos”.
Alvarez conoce bien la cartera de Seguridad, que comenzaría a manejar en las próximas horas. De perfil dialoguista y a la vez frontal, entre el 25 de octubre y el 23 de diciembre de 2001 fue secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, durante la administración del entonces gobernador Carlos Ruckauf, gestión signada por los saqueos que conmovieron al país.
Se lo acusó de conducir una policía ineficaz, pero él se defendió con su estilo: “Prefiero que se pierdan latas de tomates y no vidas humanas”, respondió.
El 24 de diciembre de 2001 el funcionario fue elegido por el fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá para la Secretaría de Seguridad Interior, cargo en el que fue confirmado más tarde por el ex primer mandatario Eduardo Duhalde, su padrino político.
Desde esa función, Alvarez coordinó el operativo conjunto de las fuerzas de seguridad montado alrededor del puente Pueyrredón, el 26 de junio de 2002, para contener una protesta piquetera.
Ese día, la marcha terminó con la muerte de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, que obligó a Duhalde a acortar seis meses su mandato presidencial.
Moderado
El 10 de julio de ese año fue premiado por su mentor y juró como ministro de la unificada cartera de Justicia y Seguridad. Esquivo a la hora de las definiciones políticas (no se considera ni partidario de la “mano dura” ni “garantista”), Alvarez acompañó a Duhalde hasta el final de su mandato y volvió al Ministerio de Seguridad provincial de la mano del gobernador Felipe Solá, en septiembre de 2003, en reemplazo de Juan Pablo Cafiero.
“Hay policías buenos y policías malditos”, declaró un mes después de asumir, cuando la política gubernamental de depuración policial que defendía comenzó a mostrar su ineficacia y a recoger descontento en las fuerzas de seguridad.
El ex ministro de Justicia Gustavo Beliz había calificado por esos días de “gravísima” la situación de inseguridad en la provincia y preparaba el plan de seguridad anunciado en la Casa de Gobierno en abril de 2004, sin concreción efectiva.
“Los lemas de mi gestión son idoneidad y transparencia”, afirmó luego este abogado, egresado de la UCA. Primer intendente del partido bonaerense de Hurlingham (entre 1995 y 1998, y desde 1999 hasta 2001), y alguna vez cercano a Carlos Menem, Alvarez forjó un fuerte vínculo político con otros dos jefes comunales de extracción duhaldista: Alberto Balestrini (La Matanza) y Julio Alak (La Plata), con quienes formó un polo de poder independiente dentro del PJ, conocido como “Los tres mosqueteros”.
Integrante de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Comunicaciones e Informática, Juicio Político y Transportes, desde que asumió en Diputados presentó sólo nueve proyectos, según datos extraídos de la página web de la Cámara baja.

Juan José Alvarez asumiría mañana como secretario de Seguridad porteño

El diputado justicialista Juan José Álvarez tiene previsto asumir como secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires mañana a las 17, confirmaron fuentes cercanas al legislador.
Álvarez pasará así a ocupar el cargo que dejó vacante por renuncia Juan Carlos López, tras la tragedia de República Cromañón que le costó la vida a 188 personas.
Álvarez tendrá además como colaborador en el área a Diego Gorgal, un especialista en el área de Seguridad, quien ya lo acompañó en su gestión en la provincia de Buenos Aires.

Juanjo Alvarez: “El Estado no cumplió con su tarea”

—A usted, Juanjo Alvarez,  le tocó capear varias crisis en temas de seguridad: en la Provincia, en Nación, ahora la Ciudad…
—No digamos capear, es muy petulante. Lo que sí es cierto es que me tocó hacerlo…
—¿Qué cosas cree que hizo bien en todas estas crisis?
—Enfrentarlas.
—¿Pudo cambiar algo?
—Creo que sí. Como dice Henry Kissinger, los gobiernos que resuelven crisis son los menos reconocidos porque no se sabe de qué nos salvaron ¿Quién va a reconocer el hecho heroico de que, a lo mejor, un inspector municipal nos salvó de un tema como la desgracia ésta de Once, hace un año? Nadie, hasta que pasa una cosa así.
—¿Lo sorprendió la llamada de Ibarra?
—Sí.
—¿Cómo evalúa lo ocurrido en Once?
—Obviamente, un hecho de esta magnitud se produce cuando converge más de una cuestión y entre las cosas que convergieron es la falta de control por parte del Estado.
—¿Hubo responsabilidad del gobierno de la Ciudad..?
—Creo que el Estado no cumplió con su tarea y cuando el Estado no cumple es responsable. Alguien puede decir: bueno, si no hubieran tirado una bengala… Es cierto. Pero lo que también es cierto es que es una responsabilidad por acción o por omisión y eso no se le puede permitir a un Estado.
—¿Se puede inferir, entonces, que hay una responsabilidad concreta de su flamante jefe, de Ibarra?
—No se puede inferir eso. Lo que yo digo es que el Estado debía haber controlado y no controló. Si el Estado no controla como corresponde, las posibilidades de que sucedan hechos desgraciados —ni hablemos de esta magnitud— son mucho más altas.
—Una de sus primeras reacciones, tras su designación, fue consultarlo con Kirchner, ¿por qué?
—Porque me pareció que un cargo de estas características, en este momento, debía contar con el conocimiento del Presidente de la Nación. Necesitaba, obviamente, contar con todo el apoyo político.
—La ronda de consultas también incluyó a Mauricio Macri, con quien usted tiene buena relación…
—Sí, le comenté que esto era lo que me habían ofrecido y que esto es lo que iba a aceptar. No lo llamaría ronda de consultas.
—¿Fue sólo eso?
—No puede ser otra cosa. Mi relación con él no da para que sea de otra manera. Yo tengo mi carrera política hecha en el peronismo de Buenos Aires.
—Tuvo apenas 48 horas para presentar su plan de seguridad ¿Se puede hacer esto con una Ciudad que por población y presupuesto es casi un país?
—Hay cuestiones que son de línea general. Después, otras que tienen que ver con el sentido común y luego hay otras cuestiones sobre las que, aun los que me critican, saben que alguna experiencia en el tema tengo. Por eso me resulta menos difícil elaborar un curso de acción.
—¿Nada de lo que usted plantea en su plan de acción se hizo en la Ciudad?
—A ver: se hizo o no se hizo. Muchas cosas se hicieron. Es muy fácil cuando algo sale mal criticar todo. Yo tengo demasiada experiencia en la administración pública como para creerme que el mundo estaba esperando que yo dijera “sí, juro”. También es cierto que a veces las cosas se diagraman bien y no se ejecutan o se ejecutan a medias.
—¿Qué pasa con el traspaso de la Policía y la Justicia a la Ciudad?
—Mi cargo tiene sentido si vamos a avanzar seriamente sobre una Policía de la Ciudad.
—Esa pelea por el traspaso viene desde el 97. ¿Por qué nunca se pudo resolver…?
—Es un tema complejo… Claro, usted me dirá por qué no lo hice yo cuando era ministro de la Nación…
—Obvio…
—Es que fue en el 2002 y ese no era, precisamente, un año tranquilo como para hablar de la desarticulación de una policía para crear otra.
—¿Pero cuál es la traba?
—Cuando llegue a ella, si la hay, se la cuento. Desde el punto de vista lógico no tiene que haber ninguna.
—Una última pregunta, ya en el terreno personal. El novio de su hija está internado. Estaba esa noche en el boliche de Once. Esto a usted lo tocó muy de cerca….
—Sí. Muy de cerca.
—¿Incidió en que aceptara el cargo?
—Yo fui a ver al novio de mi hija el lunes. Y él le dijo a ella: “tu viejo va a hacer algo”. Parecía una premonición. Yo tengo cinco hijos, cuatro de ellos de entre 18 y 25 años. Son todos rockeros. Mi hija menor que tiene 12 años le puede cantar todas las canciones de Callejeros de memoria porque en mi casa son fanáticos de ellos. Le digo más, no es una casualidad que el novio de mi hija esté ahora internado: mi hija no fue al recital porque estaba con nosotros de vacaciones.

El plan de Juan José Alvarez para terminar con la inseguridad en Capital

El flamante secretario de Justicia y Seguridad porteño, Juan José Alvarez, presentó ayer un extenso plan orientado a reordenar las áreas a su cargo, entre las que se destaca la revisión de las habilitaciones de todos los locales considerados “críticos” y la intención de lograr el traspaso de la Policía y los Bomberos a la órbita comunal.
La iniciativa involucra en tres amplios capítulos las propuestas referidas a “Seguridad Ciudadana”, un “Programa de Justicia” apuntado a generar una mayor proximidad con el vecino, y una propuesta de “Reordenamiento del Control Comunal” dirigido revisar todas las habilitaciones de locales críticos de la Ciudad.
En ese último punto, el funcionario adelantó que impulsará la realización de una “auditoria integral” de los locales, que estará a cargo de un “organismo de control externo” a la administración porteña.
También, intentará la aplicación de un “nuevo proceso de habilitaciones” para que exista “una efectiva evaluación” de las condiciones de los establecimientos, pero con una “simplificación” de los trámites.
Las estaciones de servicio, geriátricos, hoteles, guarderías, shopping, estadios y grandes centros de eventos tendrán una “verificación documental exhaustiva de las habilitaciones”, locales considerados “críticos”, que tendrán que cumplir un “reempadronamiento”.
Junto con la elaboración de detallados “planes de contingencia” de emergencia, el objetivo de Alvarez será lograr -de acuerdo a lo que fue incluido en el programa- el “traspaso de la Superintendencia de Bomberos” a la órbita de la Ciudad.
En el caso de la Policía, la iniciativa anuncia la “creación de una comisión interjurisdiccional de autoridades nacionales y locales” para “diseñar la planificación e implementar las acciones preparatorias para el traspaso de los servicios de seguridad” a la Ciudad.
Seguridad Ciudadana
Además, el plan involucra en el capítulo referido a la “Seguridad Ciudadana” la creación de un “Sistema de Atención de Emergencias”, en el que funcionará un sistema de atención coordinada entre “Bomberos, Salud, Defensa Civil y Policía”.
La nueva gestión también se abocará a redoblar la “fiscalización y complementación del sistema de seguridad privada”, con un “reempadronamiento del personal” y creación de un “registro” para las custodias de “locales bailables, discotecas y establecimientos de concentración masiva”.
En el plan, que hasta propone la “urbanización de villas” y tratamientos contra la violencia “familiar y escolar”, refiere la “ampliación del Sistema Unificado de Registros Criminales”.
Por último, en el capítulo referido a los planes sobre el ámbito de la “Justicia” comunal, Alvarez propuso el “traspaso de funciones correccionales y registros”, y el establecimiento de una “justicia vecinal y mediación comunitaria”, como así también la creación de “Casas de Justicia”, con el objetivo de “lograr” que el servicio judicial esté “más cerca de la comunidad”.
El extenso plan incluye, finalmente, el objetivo de lograr una “integración completa y jerarquización de la Justicia Contravencional” y se propone dar un nuevo “impulso del Código Procesal Penal de la Ciudad”.

Kosteki y Santillán

La primera pregunta que le hicieron los periodistas después de asumir fue por los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Juan José Alvarez respondió que los asesinatos ocurrieron en la estación de Avellaneda, bien lejos de la jurisdicción que él controlaba, y que sólo intervinieron policías provinciales. La cuestión merece análisis, dado que los familiares de las víctimas consideran a Alvarez uno de los responsables políticos de aquel horrendo episodio y con toda razón reprochan al gobierno nacional no haber cumplido la promesa de una comisión investigadora.
Me consta, pero no sólo a mí, que Alvarez se batió en minoría dentro del gobierno interino del senador Duhalde para que no prevaleciera la lógica de la represión. Vale la pena la cita textual de un párrafo publicado aquí el 9 de junio de 2002, tres semanas antes del crimen: “En la reunión de La Pampa tuvo cruces muy duros con varios gobernadores. El de La Pampa, Rubén Marín, le dijo en sorna: ‘¿Te vas a decidir a dar goma?’. El secretario de seguridad Juan José Alvarez le respondió: ‘¿Por qué en vez de pedirme fuerzas federales a mí no mandás a tu policía a darle goma a la gente que hace siete horas nos está puteando en la puerta?’ El de Salta, Juan Carlos Romero, clamó que los cortes de calles y rutas y las ocupaciones de edificios públicos afectaban la seguridad del Estado. ‘Vos desalojaste a una maestra rebelde con la policía y te incendiaron la provincia. ¿Esa es la seguridad del Estado que querés?’ La disputa no ha concluido. Lejos de ello, una fuerte presión se ejerce para forzar su alejamiento. (…)
Designado en su cargo por el efímero presidente Adolfo Rodríguez Sáa, Alvarez va por su sexto mes pugnando para que la peor crisis económica y social de la historia no desemboque en la tragedia que podrían desatar unas pocas órdenes tan ligeras como los razonamientos de quienes lo cuestionan por su supuesta pasividad”. La nota agregaba que Alvarez ofreció su renuncia en caso de que se accediera a la propuesta de Horacio Jaunarena y Ricardo Brinzoni de devolver funciones de seguridad a las Fuerzas Armadas, que Duhalde entonces desechó.
Lo sabe Elisa Carrió, quien lo declaró en Montevideo durante un viaje que hicimos juntos en aquel momento para participar en un seminario de Naciones Unidas. No lo ignoran los dirigentes de la CTA que durante esos meses calientes se mantuvieron en contacto telefónico con Alvarez en cada movilización, para que ningún gesto equívoco de cualquier lado desatara lo irreparable. Sin embargo ahora le enrostran responsabilidades por la represión, como si todo lo hubieran olvidado. El 26 de junio de 2002 no se cortó un puente, sino nueve al mismo tiempo. Los otros cortes fueron impedidos por la Policía Federal y la Gendarmería sin que hubiera una sola víctima. El policía bonaerense que mató a Santillán, Alfredo Fanchiotti, hizo su carrera próximo al ex intendente de Guernica Oscar Rodríguez, compañero de la mesa de póker de Duhalde. Las comunicaciones de ese día muestran que ese comisario, a quien Felipe Solo presentaba como el policía modelo, llamó después del tiroteo a la SIDE, donde Rodríguez era el segundo. Alvarez proviene de la derecha justicialista, hizo una carrera de más de veinte años junto a Duhalde, fue ministro de Rückauf y una claque sindical acompañó su juramento. Ideológicamente tiene poco que ver conmigo y con los lectores de esta página. Pero en los peores momentos que la sociedad argentina pasó después de la dictadura, demostró prudencia y respeto por la vida y coraje para no dejarse avasallar. Recordarlo ahora no es un servicio a Alvarez, sino a la sociedad, que necesita conocer con la mayor objetividad posible los hechos y sus protagonistas si quiere construir un futuro algo mejor. ¿Qué utilidad tiene escarnecer a quien intentó impedir la masacre y pasar por alto al ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, el ex abogado policial Luis Genoud? El gobernador Felipe Solo lo hizo renunciar como fusible y luego lo recompensó nada menos que con un asiento en la Suprema Corte de Justicia Provincial. Desde allí, convalida la situación monstruosa que se vive en las cárceles y comisarías bonaerenses, en las que una persona es asesinada por semana. Por la razón que fuere, exigir justicia pero desdeñar la verdad es una táctica autoderrotista para una sociedad más consciente que nunca de su necesidad de cambiar.

Alvarez volvió a reclamar que la Ciudad tenga Policía Propia

El flamante secretario de Seguridad porteño, Juan José Alvarez, volvió a apuntar esta mañana hacia la que parece una de sus principales obsesiones: la necesidad de que Buenos Aires tenga su propia fuerza de Policía.
En declaraciones a Radio América, aseguró que “es el momento de plantear seriamente” el traspaso de parte de la policía federal hacia una policía comunitaria. En ese sentido, se mostró aun más duro cuando afirmó que “no se puede explicar que una ciudad de las características de Buenos Aires no tenga su propia policía y bomberos”.
Por otra parte, Alvarez dijo que mañana el equipo con el que trabaja va “a poder dar muestra de que la Ciudad va a controlar no solamente los boliches, sino también algunas otras actividades”, para lo que se está trazando el “mapa de riesgo” local. Según explicó, ese proyecto se basará en un sistema de “entrecruzamiento de información” que ya tienen distintos organismos porteños.
Al ser consultado sobre la honestidad de los inspectores que deben controlar los distintos establecimientos de la ciudad, Alvarez dijo que “el problema no es solamente eso”, sino que “tiene que haber eficacia” e “idoneidad” en las personas que los realizan.
En este sentido, el funcionario indicó que realizarán un “código (de funcionamiento) más sencillo y claro” para agilizar el control en los boliches, y que “en los próximos días” llamarán “a los legisladores porteños para que aporten sus propuestas”.
Alvarez aseguró además que le preocupa “la situación coyuntural” de la noche porteña, que mantiene la “actividad nocturna suspendida con sus clausuras preventivas”.

Juanjo Alvarez, un tipo rápido que hoy saborea la revancha

Será porque nació un 25 de Mayo, porque lo trae en la sangre o porque lo aprendió en la vida, Juanjo Alvarez tiene el aire del tipo que se siente destinado para las grandes cosas.
No será Gardel, pero está convencido de que a su lado puede lucirse sin desentonar, como ya lo hizo en su época su tío abuelo, Tito Lusiardo. A lo mejor heredó de él sus modos de porteño rápido y un poquito sobrador. Pero esa confianza en sí mismo es un insumo que siempre empuja mucho. Y más todavía en la política, que es un campeonato abierto de egos sin límite.
Este hombre, al que llamaron de urgencia entre los estruendos y dolores de la tragedia, para hacerse cargo de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, nació hace 49 años en Hurlingham. Abogado por la Universidad Católica, casado y con cinco hijos, es hincha de River hasta más allá del fanatismo. Pero como lo cortés no quita lo valiente, además es socio en la propiedad del pase de Fernando Cavenaghi, joven goleador riverplatense y de la Selección, que ahora anda juntando plata en el fútbol de Rusia.
Peronista desde siempre y duhaldista con pretensión de juego propio en la interna, Alvarez llegó a intendente de su pueblo hace una década. Y aunque el progreso social lo llevó a ser vecino de Pilar, siempre conservó a buen resguardo su poder territorial originario, allí donde asoma la Argentina profunda.
Desde aquella intendencia se proyectó a los planos altos de la política. Primero se cargó a la espalda la Seguridad bonaerense con Ruckauf como gobernador. Acompañó el brevísimo relumbrón de Rodríguez Saá como secretario de Seguridad nacional, y después fue ministro con Duhalde como presidente. Fue ésta una etapa tremenda, con el país hecho un tembladeral de furia, las instituciones flameando con destino incierto, y el asesinato de dos piqueteros en Avellaneda que terminó de jaquear al Gobierno y apuró la salida electoral.
Ninguno de los que tuvo protagonismo salió sin daño de esos largos meses de incertidumbre. Pero se ha dicho, con razón, que buena parte del encarrilamiento que logró la gestión de Duhalde estuvo apoyado en las gestiones de Roberto Lavagna y del propio Juanjo Alvarez.
Nuestro hombre creyó, quizá con ingenuidad impropia de él, que tanto afán tendría recompensa inmediata. Su almohada sabe que se soñó vicepresidente de Kirchner, ministro al menos, o candidato a gobernador con la bendición de Duhalde. Amarga es la vida: nada de eso se le dio, y terminó recalando en el octavo lugar de la lista de diputados del peronismo bonaerense. Desde entonces empezó a rumiar su inquina y a esperar la revancha.
Pareció que ese momento llegaba cuando en una nueva crisis de seguridad, Felipe Solá lo convocó para reemplazar, con su mezcla de autoridad y picardía, el estilo predicador de Juan Pablo Cafiero. Le fue mal y duró poco. Los malandras lo recibieron con un cascoteo de secuestros y delitos violentos que estallaron en cuanto se anunció su designación. Y desde la Casa Rosada, en cuanto pudieron, le sacaron tarjeta roja.
Ahora, la tragedia de Cromañón y la necesidad de Ibarra de aferrarse a un salvavidas peronista para seguir flotando lo convocaron de nuevo a escena. En todo esto hay una dosis de venganza que Alvarez saborea con deleite: la breve ingeniería de su regreso se armó a través de la Casa Rosada y terminaron llamándolo desde los mismos despachos donde se había operado para su descabezamiento.
Esta vez buscó asegurarse todos los flancos: antes de aceptar el cargo lo llamó a Mauricio Macri para sondear si el jefe opositor porteño iba a petardearlo de entrada. Escuchó esta respuesta: “Te vamos a apoyar en la gestión, pero si tratás de tapar lo que pasó vamos a tener problemas”. Con eso le alcanzó para sentirse razonablemente seguro y darle el sí a Ibarra.
Le toca hacerse cargo de la seguridad en un distrito que no tiene Policía. Justo él, que había aprendido al dedillo cómo manejarse con la Bonaerense y la Federal, donde había hecho buenos amigos que después fueron barridos con feas acusaciones por las purgas de la era kirchnerista. Va a tener que lidiar con los inspectores porteños, que tampoco son nenes de pecho: no andarán armados, pero ya se demostró cuánto son capaces de matar la desidia y la corrupción.

Juan José Alvarez insiste en que la Ciudad tenga policía propia.

El flamante secretario de Justicia y Seguridad Urbana porteño, Juan José Alvarez, aseguró el domingo que “es el momento” de que la Ciudad de Buenos Aires cuente con bomberos y policía propia, luego de la tragedia en el boliche “República Cromañón”, que se cobró hasta hoy 191 víctimas fatales.
En tanto, el Gobierno de Aníbal Ibarra informó que 180 personas permanecían internadas en diversos centros asistenciales de la Capital y el Gran Buenos Aires, mientras no se habían producido nuevos fallecimientos ni altas médicas por el devastador incendio en el local de Once.
Según se consignó, 82 se encontraban en hospitales públicos de la ciudad, 11 en el Hospital de Clínicas, un paciente en la unidad de terapia intensiva del Garrahan, 13 en hospitales de la provincia de Buenos Aires y 73 en hospitales privados.
Sin embargo, el director del SAME, Germán Fernández indicó que el número de internados era de 177, de los que 79 seguían en salas de terapia intensiva (3 en estado crítico), mientras otras 98 continuaban en salas generales.
En tanto, Alvarez, quien llegó al cargo en lugar del renunciante Juan Carlos López, volvió hoy a apuntar a un viejo anhelo de Ibarra: que la Ciudad tenga una policía propia, además de un cuerpo de bomberos.
“Es el momento de plantearlo seriamente”, sostuvo el funcionario, quien indicó que “no se puede explicar que una ciudad de las características de Buenos Aires no tenga su propia policía y bomberos”.
Por otro lado, comentó que mañana el equipo con el que trabaja va “a poder dar muestra de que la Ciudad va a controlar no solamente los boliches, sino también algunas otras actividades”, para lo que se está trazando un “mapa de riesgo” local.
Asimismo, Pedro D´Attoli, abogado defensor de Omar Chabán, imputado por la tragedia del 30 de diciembre pasado, reiteró que su cliente debe ser “condenado” por su responsabilidad en el episodio.
Chabán gerenciaba el local donde en la fatídica noche se presentaba el grupo de rock “Callejeros”, y fue detenido un día después del incendio en el boliche.
D´Attoli advirtió también que Ibarra y otros funcionarios municipales deben abandonar su “cobardía” y poner “los huevos sobre la mesa”, presentándose a declarar espontáneamente ante la jueza María Angélica Crotto.
A todo esto, continuaron hoy las multas y clausuras en boliches de diversos puntos del país, como consecuencia de un endurecimiento de los controles tras el siniestro en “República Cromañón”.
En la localidad neuquina de San Martín de los Andes, Neuquén, fue cerrada preventivamente la disco “Black”, “porque no había cumplido con algunas de las recomendaciones que hizo la comuna en noviembre último”, según confirmó el intendente Jorge Carro.
Lo propio ocurrió en la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde se clausuraron los locales bailables céntricos “La Morena” y “El Torbellino” por presuntas fallas en las medidas de seguridad para prevenir siniestros y porque personal de ambos locales habría sido sorprendido cuando vendía alcohol a menores de edad, según informó la Policía.

Anunciaron cambios en el gobierno porteño

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires modificó hoy el organigrama del gobierno porteño al separar la Secretaría de Justicia de la de Seguridad y crear una Subsecretaría de Emergencias, que dependerá de Juan José Alvarez, para “fortalecer el aspecto operativo del área de controles y seguridad”.

“Para fortalecer el aspecto operativo del área de controles y la seguridad, se dispuso la separación del área de Justicia” de la actual Secretaría de Seguridad, explicó el Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra durante una conferencia de prensa que compartió con el titular de esa cartera, Juan José Alvarez. Según el anuncio, la Secretaría de Seguridad tendrá a su cargo la nueva Subsecretaría de Emergencias y, a su vez, la Secretaría de Justicia dependerá del Jefe de Gobierno.

Las modificaciones en el organigrama fueron anunciadas en una conferencia de prensa que se realizó en la sede del gobierno porteño, donde Alvarez consideró como “muy positiva la reestructuración”.

“Que [Buenos Aires] vuelva a ser una ciudad segura, depende del grado de los controles del Estado”, afirmó Alvarez.

Por otra parte, Alvarez aclaró que cuando asumió dijo que iba a pedir la renuncia de algunos funcionarios.

“Y no es tan fácil determinarlo yo”, sostuvo el funcionario respecto de las renuncias que reclamó cuando asumió.

En ese sentido, aclaró que los pedidos pueden ser por la responsabilidad en la tragedia, aunque a otros les solicitó la renuncia porque necesita que en determinados cargos estén sus colaboradores.

“Que esa persona sea desplazada de su lugar, por favor, no la pongamos en una lista de alguien que tuvo responsabilidades en esto”, remarcó.

Controles

Por otra parete, Ibarra dijo que hasta el momento se realizaron 86 inspecciones en locales bailables y 298 en otro tipo de comercios, tras los que se determinaron 35 clausuras preventivas.

Asimismo, el mandatario porteño señaló que el 18 de este mes, cuando vence la prohibición de la actividad en boliches bailables, solo podrán reabrir los que estén “en perfectas condiciones”.

Ibarra señaló que los boliches tendrán que contar “con la habilitación en materia de seguridad, constatada por las inspecciones realizadas o bien nuevas inspecciones”.

“Solo los que cumplan con todos los requisitos se van a habilitar”, dijo el jefe de gobierno.

Ibarra había resuelto suspender por 15 días hábiles la actividad en los boliches, el 1° de enero de este año, algo más de un día después de la tragedia de República Cromagnon.

Alvarez se fue para volver

DEJO EL CARGO EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PORTEÑO

Por Santiago Rodríguez

Juan José Alvarez hizo ayer su última aparición pública como funcionario porteño y trató de dejar instalada la misma imagen que procuró dar desde el día en que asumió al frente de la Secretaría de Seguridad: que en su paso por ese cargo marcó un antes y un después en lo que se refiere al diseño y aplicación de las políticas de control de la Ciudad de Buenos Aires. “Se reforzaron con éxito las áreas de control y fiscalización”, enfatizó Alvarez y agradeció el apoyo que le dio Aníbal Ibarra, quien no participó de su despedida mediática. Diego Gorgal, hasta ahora su principal colaborador, quedará a partir de hoy al frente del área.

Alvarez deja su puesto en el gabinete porteño para volver a sentarse en su banca de la Cámara de Diputados, donde pidió una licencia por 120 días cuando Ibarra lo convocó en medio de la crisis en que quedó inmersa su administración después de la tragedia de República Cromañón. Aunque tenía posibilidad de seguir un par de semanas más en su cargo, el diputado duhaldista prefirió adelantar su salida para poder hacer un viaje a Europa que tenía pendiente.

Como acostumbró a moverse en los tres meses y medio en que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad porteña, Alvarez llamó a los periodistas por cuenta propia y se presentó flanqueado únicamente por el equipo que lo acompañó en su gestión: Gorgal; su jefe de gabinete de asesores, Rafael González Alemán; y la subsecretaria de Emergencias, Lía María. La conferencia de prensa fue en su despacho del cuarto piso de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y atento al carácter de despedida del encuentro hasta cuidó el detalle de ofrecer triples de miga y gaseosa a quienes concurrieron.

“No voy a hablar de política. De eso hablaré en todo caso a partir de mañana (por hoy) a las tres de la tarde, cuando vuelva a ser diputado nacional”, aclaró Alvarez de entrada. Así, se aseguró que la atención se centrara sólo en lo que fue su gestión en la ciudad y clausuró la posibilidad de que se lo consultara sobre su futuro político y sus deseos de ser candidato a senador bonaerense, como también de la decisión de Ibarra de ungir a Gorgal como su sucesor.

Gorgal asumirá como secretario de Seguridad hoy a las tres de la tarde. Alvarez siempre alentó la idea que su segundo –vinculado con el macrista Horacio Rodríguez Larreta– fuera su reemplazante. Ibarra finalmente tomó esa opción de marcar la continuidad de las acciones encaradas tras la tragedia de República Cromañón. Así buscó demostrar además que su “amplitud” política sigue vigente con un aditamento particular: el peso y la presencia de Gorgal no son ni de lejos los Alvarez. Los hombres de Ibarra se encargan de remarcarlo cada vez que pueden, como ayer que en la intimidad contaban que Gorgal había manifestado que prefería que no fueran demasiados periodistas a su jura como miembro del gabinete.

En el repaso de su gestión, Alvarez contó que le tocó atravesar “días muy difíciles para todos los argentinos por lo que sucedió en Cromañón”, pero remarcó que “se reforzaron con éxito las áreas de control y fiscalización” y agregó: “Queremos que este fatídico 30 de diciembre no se olvide y que nunca más tengamos que volver a hablar de esto”.

Alvarez precisó que mientras estuvo en su cargo se realizaron 12.834 inspecciones; 9505 fueron a locales bailables y el resto repartidas entre bares, cafés, restaurantes, jardines de infantes y kioscos. También puso de relieve que se elaboró una nueva normativa de emergencia para los boliches, los convenios firmados con organismos como la AFIP, el Ministerio de Trabajo y la Oficina Anticorrupción, la tarea hecha con entidades intermedias y la creación de un sistema de descentralizado de recepción de denuncias. Aun así advirtió: “El peor error es creer que se alcanzó el objetivo de erradicar definitivamente la inseguridad”.

El duhaldismo residual, dividido ante el proyecto del gobierno

El proyecto oficial de reforma al Consejo de la Magistratura provocó una divisoria de aguas en el bloque Peronista Federal, donde su conductor, José María Díaz Bancalari, se mostró favorable a la iniciativa mientras que otros diputados la rechazan.

Entre los legisladores que se oponen a la reforma se encuentran Cristian Ritondo, Mabel Müller y Juan José Alvarez, quienes –a diferencia de Díaz Bancalari- nunca vieron con buenos ojos los acuerdos con el kirchnerismo.

Como parte de esa disputa, que salió a la luz a partir del proyecto oficial, este mediodía se realizó un almuerzo del cual participaron “Juanjo” Alvarez, Eduardo Camaño, Francisco De Narváez y Jorge Sarghini.

El encuentro tuvo varios objetivos: iniciar el armado de una estructura propia en la provincia de Buenos Aires y advertir que “hay diferencias que deben ser resueltas”.

“No somos la sucursal del Frente para la Victoria, ni la carnada para acercar compañeros a Mauricio Macri, ni somos el armado que Eduardo Duhalde dirige en las sombras”, explicó uno de los participantes de ese almuerzo a la agencia Noticias Argentinas.

Además, negó que tuvieran un espíritu rupturista pero insistió en que en el bloque “hay diferencias que deben resolverse porque se va a hacer difícil la convivencia”.

“La reunión estaba programada desde el 29 de diciembre, pero tuvimos que hacerla pública para desmentir que detrás nuestro están Macri o Duhalde. Nosotros queremos lanzar un espacio que nos represente”, subrayó la fuente consultada por NA.

Si bien Díaz Bancalari acompañó en las elecciones legislativas de octubre pasado a Hilda “Chiche” Duhalde como candidato a senador por el PJ bonaerense, siempre estuvo en contra de romper lanzas con el kirchnerismo.

Fue además uno de los duhaldistas componedores, que mantuvo -hasta la ruptura, que le costó el alejamiento de la conducción de lo que fue la bancada oficial- un diálogo fluído con el Gobierno nacional.

En tanto, “Juanjo” Alvarez fue uno de los más duros entre los duhaldistas y nunca ocultó –como tampoco lo hizo Camaño- la profunda molestia que le provocaron algunas frases del gobernador bonaerense, Felipe Solá.

“Felipe ofende con algunas cosas que dice”, le escucharon decir a “Juanjo” y también a Camaño en los días en que la campaña electoral había tornado irrespirable el aire del conurbano bonaerense, donde duhaldistas y kirchneristas disputaban la provincia centímetro a centímetro.

Alvarez nunca ocultó tampoco sus buenas relaciones con Ritondo, quien tuvo un pasado filo-duhaldista pero afianzó su relación con el macrismo, al punto de que festejó en el bunker de Propuesta Republicana (PRO) los resultados obtenidos en las elecciones legislativas de octubre pasado.

Detrás de toda esta disputa se encuentra, además de la ubicación política de cada sector, la preciada “vicepresidencia tercera” de la Cámara de Diputados, que si bien otorga relativo poder dentro del cuerpo, habilita un número para nada despreciable de nombramientos de personal y dinero.

En esa pelea están anotados los bloques del ARI, Peronista Federal y el PRO, que reclaman el espacio porque sostienen que son ellos y no los otros la tercera minoría legislativa.

Por ahora no hay “golpe” en el bloque duhaldista de diputados

Pese a las expectativas, por ahora no hay ruptura en el bloque duhaldista de Diputados, ni acercamiento a Mauricio Macri. Es lo que insistieron en dejar en claro los 4 integrantes del bloque que se juntaron ayer en un almuerzo al que se le adjudicaba, en principio, un tono conspirativo contra el jefe de la bancada, José María Díaz Bancalari, por su actitud “complaciente” con el Gobierno.
Eduardo Camaño, Juan José Alvarez, Jorge Sarghini y Francisco de Narváez, los protagonistas del almuerzo en un restaurante de la calle Belgrano, aseguraron que el único propósito del encuentro fue el de empezar a discutir la conformación de una nueva estructura política, con eje en el PJ bonaerense pero de dimensión nacional, que nuclee a un “duhaldismo sin (Eduardo) Duhalde”, por el líder del sector hoy supuestamente alejado de la política.
Los comensales, más oficiosamente, llegaron incluso a contradecir las presunciones que había despertado la cita para afirmar que uno de los objetivos del almuerzo fue el de “desmentir una ruptura del bloque y toda intención de desplazar a Díaz Bancalari de la conducción”.
Asumieron, sí, que dentro del bloque hay diferencias, como la que mantienen con el propio Díaz Bancalari y algunos otros compañeros de bancada, más proclives a apoyar el proyecto del Gobierno de reforma del Consejo de la Magistratura.
“El día en el que se hizo la cena de fin de año del PJ bonaerense quedamos en juntarnos el 3 o el 9 de enero para empezar a hablar sobre la realidad que implica que Duhalde dejó la política, que nosotros seguimos en ella y que tenemos que definir cómo nos paramos”, explicaron.
Agregaron que “nunca nos imaginamos que el almuerzo iba a coincidir con las versiones sobre un enfrentamiento interno por lo del Consejo de la Magistratura; cuando nos dimos cuenta, llegamos a plantear no hacerlo, pero después consideramos que era mejor juntarnos y aclarar para qué lo hicimos”.
Sobre la realidad interna del bloque Peronista Federal —del que además de los duhaldistas participan diputados menemistas—, los cuatro coincidieron en que “todas las diferencias las trataremos internamente y tema por tema; en algunos tendremos diferencias que pasaremos a discutir, y en otros no las habrá”.
Todos ellos también se preocuparon por desmentir cualquier intención de acercamiento político con Mauricio Macri.
“Así como nos diferenciamos del Frente para la Victoria, la estructura del kirchnerismo, también nos diferenciamos del macrismo; con Macri no hablamos ni por teléfono”, enfatizó Camaño.
En rigor, la postura del acuerdo con el macrismo es defendida especialmente por Christian Ritondo, integrante del bloque Peronista Federal como diputado porteño.
Ritondo —formado junto a Miguel Angel Toma— llegó a la Cámara en 2003 en la lista del macrismo y siempre se mantuvo dentro de los sectores del justicialismo de la Capital proclives a alinearse tras un liderazgo de centroderecha como el que encarna el titular de Boca Juniors.

Ex duhaldistas ahora buscan una “etapa superadora” manteniendo su identidad

El diputado Jorge Sarghini, quien participó ayer de una reunión con un estrecho grupo de ex duhaldistas, dijo hoy que el encuentro tuvo el propósito de comenzar a analizar la forma que se dará a la “nueva etapa” que debe afrontar el ex duhaldismo, aunque negó la posibilidad de que busquen alianzas con el oficialismo o con el macrismo.

“En esta nueva etapa tenemos que ser coherentes con lo que anunciamos en la campaña” electoral, y “respetuosos del 20 por ciento de los electores que nos votó”, afirmó Sarghini, quien integró la lista que se opuso a la del Frente para la Victoria.

Al ratificar que Eduardo Duhalde ya no conduce ese sector, porque confirmó que “no va a participar ni en el partido ni buscará cargos electivos”, Sarghini afirmó que el PJ bonaerense “tiene que iniciar una nueva etapa” en la que tendrán que “generar un nuevo espacio” post duhaldismo.

En declaraciones a radio Continental, el legislador dijo que esos fueron los temas centrales tratados durante el almuerzo que mantuvo ayer con Eduardo Camaño, Francisco de Narváez y Juan José Álvarez.

Negó que la ausencia del titular del bloque del diputados ex duhaldistas, José María Díaz Bancalari, haya implicado un distanciamiento de ese legislador, y sostuvo que él tendrá que “sintetizar” el pensamiento de los miembros de su propia bancada.

Mientras Sarghini y sus aliados votaron en contra de la reducción del Consejo de la Magistratura, Díaz Bancalari lo hizo a favor.

“Llegamos a las elecciones como finalizando una etapa que se caracterizó por un estilo, una convicción, una historia que asumimos, y ahora empieza una nueva”, insistió Sarghini, quien señaló la necesidad de defender a sus votantes y generar una “corriente de opinión que refleje” la nueva instancia que afrontan en la que ya Duhalde no es el conductor.

Negó además rotundamente la posibilidad de que se alíen algunos de los legisladores del sector al Frente para la Victoria, como se presume que ocurriría con Díaz Bancalari, o con el macrismo o el PRO conducido por Ricardo López Murphy. “No tienen nada que ver con nosotros”, sostuvo.

Avanza el proyecto del “Duhaldismo sin Duhalde”

El “espacio autónomo” lanzado ayer por cuatro diputados peronistas bonaerenses podría sumar otros 11 nombres cercanos al ex presidente Eduardo Duhalde.

A los legisladores del bloque Peronista Federal Juan José Alvarez, Francisco de Narváez, Eduardo Camaño y Jorge Sarghini podrían adherirse otros de sus colegas que se resisten a alinearse con el presidente Néstor Kirchner.

Entre los diputados que se sumarían al proyecto del “duhaldismo sin Duhalde” se destacan ex el jefe de Gabinete Alfredo Atanasof; los matrimonios Mabel Müller-Oscar Rodríguez y Graciela Camaño-Luis Barrionuevo; Jorge Villaverde -que encabezó la lista de diputados duhaldistas por la provincia de Buenos Aires en los comicios del 23 de octubre pasado- y Gustavo Ferri, yerno del ex presidente.

El espacio político inaugurado el lunes, según declaró Sarghini, no implica irse del justicialismo ni hacia el oficialismo ni hacia el macrismo.

En declaraciones a Télam, Sarghini añadió ayer: “Nosotros llegamos a esta elección [la del 23 de octubre pasado] finalizando una etapa que se caracterizó por un estilo de conducción que tuvo que ver con la historia de la que nosotros nos hemos hecho cargo, pero ahora empieza una nueva etapa”.

Sarghini, ex titular del Banco Provincia, delineó el radio de acción del nuevo grupo: “Debemos ser muy coherentes con quienes nos han votado”.

Del “nuevo espacio político”, como lo catalogaron sus fundadores, participarían entonces los legisladores del bloque Peronismo Federal a los que no les interesa acercarse al presidente Kirchner.

En la vereda opuesta, el titular del bloque, José María Díaz Bancalari, se mostró conciliador con el Presidente. Para el diputado, Kirchner “tiene un perfil peronista” y prometió que el peronismo bonaerense lo acompañará “sin perder su identidad”.

Otros referentes del bloque Peronista Federal, como Jorge Landau (apoderado del PJ bonaerense) y el ex gobernador Carlos Ruckauf se mantienen cerca de la posición encarnada por Díaz Bancalari.

Algunos legisladores del bloque creen que el espacio lanzado el lunes en el restaurante temático El General fue un “cuestionamiento a la titularidad” de Díaz Bancalari, según fuentes del PJ provincial.

Con los reacomodamientos previstos, el bloque Peronista Federal pone en riesgo la posibilidad de quedarse con la vicepresidencia tercera de la Cámara baja, cargo que pretende también el macrismo.

Charlas de verano: Juan Jose Alvarez (Diputado PJ)

Por Mariano Thieberger.

—Como peronista de la Provincia y fanático de River, ¿Ud. Juanjo Alvarez,cree que el ciclo de Duhalde terminó, como el de Mostaza Merlo?

—Se terminó un ciclo, sí.

—Y en este caso, ¿quién sería el “Gallardo” que le hizo la cama? ¿Usted?

—No, ojalá jugara como Gallardo. Nosotros no lo llamamos a Duhalde a las cuatro de la mañana para darle malas noticias. Creo que la campaña terminó de definir su decisión de no participar más en política.

—Entonces, ¿Kirchner logró terminar definitivamente con Duhalde?

—No sé si fue Kirchner, creo que la decisión de Duhalde estaba tomada. Yo creo que Duhalde ya dio en la política lo que tenía que dar y creo que algún día va a tener un merecido reconocimiento.

 

—Si Eduardo Duhalde es pasado, ¿Chiche qué es?

—Ella durante la campaña hizo un esfuerzo enorme por marcar su propia identidad, pero no es sencillo hacerlo para alguien que se llama Duhalde. Si tiene o no futuro dependerá de ella.

—Pero entre quienes, como Díaz Bancalari, se acercan al Gobierno, y otros que como usted, Camaño, De Narváez y Sarghini, toman distancia del duhaldismo, ¿ella no se queda sola?

—Yo no creo que sea un problema de cuán cerca o cuán lejos se está sino de cómo se lleva adelante la conducción de un bloque, que no es sencilla. No es tan fácil para nosotros, por una cuestión de formación, ponernos abiertamente en la oposición. Sí es cierto que hay una cuestión de grados: algunos aparecen más cercanos y otros francamente alejados. En el medio, estamos nosotros, que vamos a intentar fortalecer la identidad del peronismo.

—¿Kirchner es el líder indiscutido del peronismo?

—En el peronismo no se discute: el Presidente es el líder del PJ. Aun así creo que los partidos que no tienen una fuerte vida interna se convierten en una cáscara vacía. Pero tampoco se puede presentar la reunión del otro día como un golpe de estado contra el presidente del bloque. Tenemos diferencias, pero las cuestiones del bloque se discuten allí. No es fácil salir de una situación como de la que venimos, Díaz Bancalari era el presidente del bloque del oficialismo hasta hace 25 minutos.

—¿Y dejó de ser oficialista?

—En campaña marcó diferencias. Ahora tendrá que entender cuál es el sentir del bloque que él debe conducir.

—Parece haber una debilidad de muchos duhaldistas por sumarse al Gobierno…

—Me parece que no corresponde dar la imagen de que lo único que se está buscando es un trabajo y no que se está defendiendo una posición política.

—Bueno, De Narváez estuvo con Menem, se acercó a Kirchner, fue candidato de Duhalde y ahora se aleja…

—Puesto así parece que no hubiese pasado nada en el medio. Una cosa es estar en el PJ e irse a la UCR y otra es buscar un espacio dentro del mismo PJ. ¿Cuál era la diferencia entre Kirchner y Duhalde hace dos años y medio?

—¿Apoyará el proyecto del Gobierno sobre el Consejo de la Magistratura?

—Sigo pensando que si esta reforma es tómenla o déjenla, la dejo. Algunos compañeros de bloque tienen disidencias menores

—¿Macri no le parece un buen candidato?

—No me parece ni bueno ni malo, yo no opino de los candidatos de otros partidos. No me preocupa cómo nos acomodamos en una puja electoral y vamos vendiendo nuestros porotitos según convenga. Creo que esta cosa de mercachifle de la política es una porquería.

—Pero tenía una buena relación con Macri…

—Es una relación que no tiene asiduidad. Si ahora me invitaran a un lugar donde estuviera Mauricio probablemente no iría porque de eso después se devienen interpretaciones que son muy difíciles de desmentir.

—Llueve en Punta del Este y usted abre el paraguas

—No, yo lo que digo que en esto hay que ser y también parecer.

—¿Qué papel juega Lavagna en este nuevo espacio?

—Ninguno. Fue un gran ministro y no sé si tiene un futuro político porque él no ha manifestado absolutamente nada.

—También tiene una buena relación con él, ¿no?

—Recordemos que fuimos ministros juntos, si no parece que soy un relacionista público. También jugué al rugby con Luis Zamora.

—Usted era secretario de Seguridad cuando ocurrió la masacre de Avellaneda, ¿qué opina del reclamo para investigar las responsabilidades políticas?

—Creo que hay que investigar todo, pero mientras tanto no habría que adjudicar responsabilidades arbitrariamente.

100 por 100 Gallina

Pollo, carne, pescado. No hubo coincidencia en el menú, pero sí en el condimento: mostaza. Es que uno de los temas ineludibles que los duhaldistas Juan José Alvarez, Eduardo Camaño, Jorge Sarghini y Francisco De Narváez abordaron en su almuerzo fue la salida forzada de Reinaldo “Mostaza” Merlo de River. El tema mantenía sumamente entretenido a Alvarez, un fanático de los millonarios, tanto que hizo uso de ese estigma riverplatense para negar que el cuarteto esté buscando algún acuerdo político con Mauricio Macri, o sea, con el presidente de Boca. Ver para creer.

Juan Jose Alvarez dijo que al llegar a la secretaria de seguridad se encontro con una fuerte “crisis”

El diputado nacional Juan Jose Alvarez aseguró hoy que cuando asumió al frente de la Secretaria de Seguridad porteña, en enero del año pasado, se encontró con un “panorama de enorme crisis” y con un grupo de funcionarios con “un fuerte shock” al encontrarse seriamente cuestionados tras el incendio ocurrido en el boliche República Cromañón.
Alvarez empezó a declarar esta mañana ante la Sala Juzgadora que analiza el supuesto mal desempeño del suspendido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, a raiz del incendio desatado en diciembre de 2004 en el boliche de Once, que dejó un saldo de 194 muertos.
El diputado y ex secretario comenzó su exposición realizando un repaso del escenario político que sobrevivió a los primeros coletazos de la catástrafe luego de que varios funcionarios debieron presentar sus renuncias al cargo, entre ellos el antecesor de Alvarez en Seguridad porteña, Juan Carlos Lòpez.
“Cuando llegaba a ocupar cualquier cargo en la función pública usualmente se me entregaba una memoria o balance con la tarea realizada y los asuntos pendientes, había una estructura que funcionaba a pesar de los cambios políticos. Pero no fue este el caso”, detalló Alvarez.
El diputado indicó que los primeros días de su gestión “fueron un momento particularmente complejo para todos” y aclaró que se encontró con un escenario donde había “evidentemente una enorme crisis”.
“Mi antecesor ya estaba renunciado, la plana de conducción política no estaba y los cuadros intermedios se encontraban con un fuerte shock por estar cuestionados por el conjunto de la sociedad en función de uno de los dramas más espantosos que podemos imaginar”, contó el legislador.
Alvarez detalló que durante los cuatro meses que duró su gestión trató “de poner en pie la capacidad de fiscalización del Estado” puesto que “había un clamor por parte de sociedad que había puesto en la agenda pública de la población el tema de la seguridad”.
En tanto, el abogado defensor de Ibarra Julio Strassera cuestionó hoy el hecho de que “no interesa el esclarecimiento de la verdad sino la aparición de un chivo expiatorio”.
El letrado estimó que a tres semanas del inicio del juicio político “no se logró probar nada” que “vincule a Ibarra con responsabilidad alguna en República Cromañón” y cuestionó que “se está hablando de generalidades porque se trata de probar que (las áreas de) Control y Fiscalización funcionaban mal”.
“Supongamos que no había controles, esto no es responsabilidad de Ibarra, es como querer hacerle juicio político al Presidente por el mal funcionamiento de la Aduana”, fustigó el defensor, quien puntualizó que “las políticas públicas de un Gobierno se enjuician en la elecciones, no en un juicio político”.

Continua juicio a Anibal Ibarra: Declara testigo clave

El diputado nacional Juan José Alvarez aseguró hoy que cuando asumió al frente de la Secretaria de Seguridad porteña, en enero del año pasado, se encontró con un “panorama de enorme crisis” y con un grupo de funcionarios con “un fuerte shock” al encontrarse seriamente cuestionados tras el incendio ocurrido en el boliche República Cromañón.
Alvarez empezó a declarar esta mañana ante la Sala Juzgadora que analiza el supuesto mal desempeño del suspendido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, a raíz del incendio desatado en diciembre de 2004 en el boliche de Once, que dejó un saldo de 194 muertos.
El diputado y ex secretario comenzó su exposición realizando un repaso del escenario político que sobrevivió a los primeros coletazos de la catástrofe luego de que varios funcionarios debieron presentar sus renuncias al cargo, entre ellos el antecesor de Alvarez en Seguridad porteña, Juan Carlos Lòpez.
“Cuando llegaba a ocupar cualquier cargo en la función pública usualmente se me entregaba una memoria o balance con la tarea realizada y los asuntos pendientes, había una estructura que funcionaba a pesar de los cambios políticos.
Pero no fue este el caso”, detalló Alvarez.
El diputado indicó que los primeros días de su gestión “fueron un momento particularmente complejo para todos” y aclaró que se encontró con un escenario donde había “evidentemente una enorme crisis”.
“Mi antecesor ya estaba renunciado, la plana de conducción política no estaba y los cuadros intermedios se encontraban con un fuerte shock por estar cuestionados por el conjunto de la sociedad en función de uno de los dramas más espantosos que podemos imaginar”, contó el legislador.
Alvarez detalló que durante los cuatro meses que duró su gestión trató “de poner en pie la capacidad de fiscalización del Estado” puesto que “había un clamor por parte de sociedad que había puesto en la agenda pública de la población el tema de la seguridad”.
En tanto, el abogado defensor de Ibarra Julio Strassera cuestionó hoy el hecho de que “no interesa el esclarecimiento de la verdad sino la aparición de un chivo expiatorio”.
El letrado estimó que a tres semanas del inicio del juicio político “no se logró probar nada” que “vincule a Ibarra con responsabilidad alguna en República Cromañón” y cuestionó que “se está hablando de generalidades porque se trata de probar que (las áreas de) Control y Fiscalización funcionaban mal”.
“Supongamos que no había controles, esto no es responsabilidad de Ibarra, es como querer hacerle juicio político al Presidente por el mal funcionamiento de la Aduana”, fustigó el defensor, quien puntualizó que “las políticas públicas de un Gobierno se enjuician en la elecciones, no en un juicio político”.
El testimonio del ex secretario de Seguridad porteño Juan José Alvarez será el eje de la octava audiencia del juicio político al suspendido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, que se desarrollará hoy en la Legislatura.
De acuerdo con lo previsto, el ex funcionario, cuya declaración se producirá durante la mañana, deberá explicar cómo encontró el área de Seguridad cuando asumió el cargo, luego de la tragedia en la disco Cromañón, que dejó 194 muertos por un incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004.
Más allá de este testimonio, la jornada de hoy estará nuevamente centrada en testimonios referidos a la actuación de la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI).
De hecho, la octava audiencia será abierta con la declaración de Ana Fernández, ex directora adjunta de la Dirección General de Fiscalización y Control y ex coordinadora de la UPI, e incluirá el testimonio de Gustavo Torres, también ex director de Fiscalización y Control.
Por otro lado, también declararán Diego Gorgal, actual secretario de Justicia y Seguridad; Alfredo Ucar, ex asesor de quien era subsecretaria de ese área cuando ocurrió el incendio en Cromañón, Fabiana Fiszbin.
También, los legisladores que sustancian el juicio político contra Ibarra escucharán a Horacio Santinelli, coordinador general administrativo de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, UPI.
A ellos se sumarán los testimonios de Pedro Gómez de la Fuente, funcionario de la Auditoría General de la Ciudad; María Estela Moreno, empleada de la Auditoría de la Ciudad; Juan Carlos Loupias, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Seguridad; y Daniel Díaz, ex Subcoordinador operativo de la DGFyC.
La jornada de hoy sucederá a una audiencia que estuvo signada por el testimonio de un ex inspector de la ciudad que apuntó directamente contra la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, y por un incidente protagonizado por un grupo de familiares de las víctimas de Cromañón que increpó al defensor de Aníbal Ibarra, el ex fiscal Julio César Strassera.
De hecho, el abogado denunció ante el presidente de la Sala Juzgadora, Julio Maier haber “sido agredido por parte del público” y pidió garantías para circular por el edificio de la Legislatura porteña, lo que generó un cruce de palabras con Julio Maier, titular del tribunal.

Alvarez defendio el area de seguridad

El ex secretario de Seguridad y Justicia porteño, Juan José Alvarez, aseguró hoy que antes de que se produjera la tragedia de Cromagnon “había gente valiosa y mecanismos adecuados” de control, y consideró que, a pesar de la existencia de esa estructura “correcta” de control, “no alcanzó”.

Alvarez señaló que, cuando asumió el 7 de enero de 2005, ocho días después del incendio que causó 194 muertes, “no es que no existía nada” en esa dependencia comunal: “Sobre la estructura que había, teníamos que redireccionarla en función de la situación concreta y lo que son mis criterios objetivos con los cuales gestiono”.

“Nosotros asumimos en un momento en el que había una enorme presión social para que esas inspecciones se hicieran y lo que nos hicimos fue poner la estructura en condiciones para que se hicieran. Decir que a partir de Cromagnon nada, absolutamente nada, funcionaba me parece temerario. Lo que está claro es que no fue suficiente.”, sostuvo

Alvarez destacó que con la “misma normativa” que había cuando llegó al cargo de Secretario de Seguridad pudo “clausurar 500 locales” de la ciudad de Buenos Aires. “El poder de policía yo no lo interpretaba, lo aplicaba”, aseguró.

Show. Para Alvarez “las clausuras que se hicieron en los primeros días de mi gestión para algunos era casi como un show, pero para nosotros era recuperar la capacidad de fiscalizar y actuar en contra de los que lucraban con actividades que generan riegos”.

Además, recordó que “los cuadros de la burocracia intermedios estaban en un fuerte shock, cuestionados por el conjunto de la sociedad y en función de uno de los dramas más espantosos que podemos imaginar”.

“Frente a esa situación, nuestra gestión, la mía, que duró cuatro meses, estaba marcada por ese estado de situación. No podíamos decirle a la gente ´ha pasado lo que todos sabemos, hay un área fuertemente cuestionada, entonces vamos a cerrar durante un tiempo para ver cómo reiniciamos nuestra tarea´. Había necesidades concretas”, indicó.

Así, destacó que en ese momento decidió “determinar primero las áreas críticas a inspeccionar y [para después] firmar convenios con otras áreas, incluso de Nación, para hacer inspecciones integrales, que se denominan bloques de legalidad”.

El ex funcionario comenzó a declarar pasadas las 13, después de haber esperado desde las 8.30 que le tocara su turno, pero para que pudiera hacerlo los diputados decidieron posponer el testimonio del ex coordinador de la subsecretaría de Seguridad Horacio Santinelli para después de las 15 horas.

50 mil inspecciones. Esta mañana declaró el actual secretario de Seguridad porteño, Diego Gorgal, que señaló que durante el 2005 la dirección general de Fiscalización y Control capitalina efectuó unas 50 mil inspecciones a boliches, restaurantes, bares y otros “establecimientos críticos”, mientras que en el 2004 los procedimientos totalizaron “entre 16 y 17 mil”.

Gorgal, quien asumió en abril de 2005 en reemplazo del actual diputado nacional Juan José Alvarez, sostuvo que su cartera realizó un “mapa de riesgo” de unos “70 mil establecimientos críticos”, como “fábricas, grandes locales, hoteles, geriátricos, estaciones de servicio, centros de educación, de salud, de esparcimiento y de nocturnidad”, que, según consideró, deben recibir al menos “una visita anual” de los inspectores comunales.

50 mil inspecciones. Esta mañana declaró el actual secretario de Seguridad porteño, Diego Gorgal, que señaló que durante el 2005 la dirección general de Fiscalización y Control capitalina efectuó unas 50 mil inspecciones a boliches, restaurantes, bares y otros “establecimientos críticos”, mientras que en el 2004 los procedimientos totalizaron “entre 16 y 17 mil”.

Gorgal, quien asumió en abril de 2005 en reemplazo del actual diputado nacional Juan José Alvarez, sostuvo que su cartera realizó un “mapa de riesgo” de unos “70 mil establecimientos críticos”, como “fábricas, grandes locales, hoteles, geriátricos, estaciones de servicio, centros de educación, de salud, de esparcimiento y de nocturnidad”, que, según consideró, deben recibir al menos “una visita anual” de los inspectores comunales.

Próximos testigos. Prestarán testimonio hoy Ana Fernández, ex directora adjunta de la Dirección General de Fiscalización y Control y ex coordinadora de la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI), e incluirá el testimonio de Gustavo Torres, también ex director de Fiscalización y Control.

Por otro lado, también declarará Alfredo Ucar, ex asesor de quien era subsecretaria de ese área cuando ocurrió el incendio en Cromagnon, Fabiana Fiszbin.

También, los legisladores que sustancian el juicio político contra Ibarra escucharán a Horacio Santinelli, coordinador general administrativo de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, UPI.

A ellos se sumarán los testimonios de Pedro Gómez de la Fuente, funcionario de la Auditoría General de la Ciudad; María Estela Moreno, empleada de la Auditoría de la Ciudad; Juan Carlos Loupias, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Seguridad; y Daniel Díaz, ex Subcoordinador operativo de la DGFyC.

Alvarez admitio que habia una “enorme crisis” en la secretaria de seguridad porteña

El diputado nacional Juan José Alvarez reconoció hoy ante la sala de juzgamiento del proceso contra Aníbal Ibarra que cuando asumió como secretario de Seguridad en el gobierno porteño, el “lugar estaba con una enorme crisis”.

“Las dos medidas fundamentales que tomamos fueron determinar primero las áreas críticas a inspeccionar y la segunda firmar convenios con otras áreas, incluso de Nación, para hacer inspecciones integrales, que se denominan bloques de legalidad”, indicó el legislador, citado como testigo en el proceso en que se investiga la actuación del suspendido jefe de gobierno en el incendio de la discoteca Cromañón.

Alvarez comenzó a declarar pasadas las 13, después de haber esperado desde las 8.30 que le tocara su turno, pero para que pudiera hacerlo los diputados decidieron posponer el testimonio del ex coordinador de la susbsecretaría de Seguridad Horacio Santinelli para las 15 horas.

Según Alvarez, con la “misma normativa” que había cuando llegó al cargo de Secretario de Seguridad pudo “clausurar 500 locales” de la ciudad de Buenos Aires.

“El poder de policía yo no lo interpretaba, lo aplicaba”, aseguró el funcionario.

Para Alvarez “las clausuras que se hicieron en los primeros días de mi gestión para algunos era casi como un show, pero para nosotros era recuperar la capacidad de fiscalizar y actuar en contra de los que lucraban con actividades que generan riesgos”.

Juanjo Alvarez: “Habia mecanismos de control adecuados, pero no alcanzo”

El juicio político contra el suspendido Jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, entró hoy en su octava jornada de audiencias con los testimonios del actual Secretario de Seguridad de la ciudad, Diego Gorgal, y su antecesor en el cargo el diputado Juan José Alvarez. Ambos dieron precisiones sobre cómo se encontraba el área de control luego de la tragedia de Cromañón.
 Al ser interrogado por la Sala Juzgadora, el diputado duhaldista Juan José Alvarez aseguró que antes de que se produjera la tragedia de Cromañón “había gente valiosa y mecanismos adecuados” de control, y consideró que, a pesar de la existencia de esa estructura “correcta” de control, “no alcanzó”.
Aunque reconoció que al momento de asumir, 8 días después de la Tragedia, la Secretaría se “encontraba en una enorme crisis”, Alvarez aclaró que “no es que no existía nada” en esa dependencia comunal: “Sobre la estructura que había, teníamos que redireccionarla en función de la situación concreta y lo que son mis criterios objetivos con los cuales gestiono”.
Según Alvarez, con la “misma normativa” que había cuando llegó al cargo se pudo “clausurar 500 locales” porteños. Y agregó que “el poder de policía yo no lo interpretaba, lo aplicaba”.
El diputado precisó que las clausuras que se hicieron en los primeros días de su gestión “para algunos era casi como un show, pero para nosotros era recuperar la capacidad de fiscalizar y actuar en contra de los que lucraban con actividades que generan riegos”.
Antes del testimonio de Juanjo Alvarez, que comenzó a declarar pasadas las 13, fue el turno de su sucesor en el cargo, Diego Gorgal quien sostuvo ante la Sala Juzgadora que durante el año pasado se inspeccionaron 50 mil locales porteños a diferencia de lo totalizado en 2004, que se ubica entre 16 y 17 mil controles.
El funcionario también precisó que la dirección que cuenta con 210 inspectores, treinta más que en 2004, recibió el año pasado -como consecuencia del incendio del boliche Cromañón- un presupuesto extra de veinte millones de pesos para incrementar las tareas de supervisión de los comercios.
Gorgal asumió en abril de 2005 en reemplazo de Alvarez , cuyo nombramiento luego de la tragedia de Cromañón fue el signo más claro de que entonces el Gobierno nacional estaba decidido a sostener a Ibarra: el presidente Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde fueron quienes acordaron el nombre de Alvarez. El ex secretario renunció, tal cuál se había pactado, cuatro meses después.

Juan Jose Alvarez declaro en el juicio a Ibarra

El ex secretario de Seguridad y Justicia porteño, Juan José Alvarez, aseguró hoy que antes de que se produjera la tragedia de Cromañón “había gente valiosa y mecanismos adecuados” de control, y consideró que, a pesar de la existencia de esa estructura “correcta” de control, “no alcanzó”. Alvarez agregó que el propio Ibarra se informaba personalmente de cómo se desarrollaba su gestión: “Era un tema de consulta muy habitual”.

Alvarez señaló que, cuando asumió el 7 de enero de 2005, ocho días después del incendio que causó 194 muertes, “no es que no existía nada” en esa dependencia comunal: “Sobre la estructura que había, teníamos que redireccionarla en función de la situación concreta y lo que son mis criterios objetivos con los cuales gestiono”.

El actual diputado nacional, que declaró hoy como testigo en el juicio político contra el suspendido jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, afirmó que en esa secretaría “había gente valiosa, mecanismos adecuados, gente con nivel de formación correcto, pero no alcanzó”.

Asimismo, dejó en claro que “ninguna autoridad política puso cortapisa” a su gestión, “no las he tenido. Los lineamientos eran claros: saturación de inspecciones, concentración de recursos en lugares críticos, clarísima señal a la sociedad de que esos eficaces operativos fueran transparentes. Todas estas cuestiones estaban claras, no había ninguna recomendación de hacer algo distinto”.

Alvarez agregó que el propio Ibarra se informaba personalmente de cómo se desarrollaba su gestión: “Era un tema de consulta muy habitual”.

El diputado indicó que, al asumir su cargo, “llego a un lugar donde había evidentemente una enorme crisis” en el cual, agregó, había “un fuerte shock”, así como “necesidades concretas”.

Recordó que “los cuadros de la burocracia intermedios estaban en un fuerte shock, cuestionados por el conjunto de la sociedad y en función de uno de los dramas más espantosos que podemos imaginar”.

“Frente a esa situación, nuestra gestión, la mía, que duró cuatro meses, estaba marcada por ese estado de situación al que llego. No podíamos decirle a la gente ‘ha pasado lo que todos sabemos, hay un área fuertemente cuestionada, entonces vamos a cerrar durante un tiempo para ver cómo reiniciamos nuestra tarea’. Había necesidades concretas”, indicó.

Según el ex funcionario porteño, “ese fue un momento particularmente complejo para todos nosotros. Intentamos rápidamente poner de pie una capacidad fundamental irrenunciable del Estado, que es la capacidad de fiscalización, para que en adelante los porteños se sintieran seguros cuando accedieran a los servicios de esta ciudad”.

En ese sentido, resaltó que las inspecciones se concretaron “sin importar quiénes estaban detrás de los locales y sus niveles de facturación”.

En ese momento, “había unos 200 boliches funcionando en la Ciudad. A partir de la creación del registro, eran algo menos de 50 los que estaban en orden y podían reiniciar su tarea una sencilla y eficaz solución”.

“Fue fundamental elaborar el mapa de riesgo”, que “tenía que ver con las posibilidades de asignar los recursos”, y destacó que cuando un inspector llegaba a un local cerrado, “era una luz amarilla”, y si estaba abierto, “si creía que tenía que clausurar, clausuraba”.

Alvarez evaluó que “las denuncias (de vecinos a las sedes policiales o comunales) eran importantes, es prudente atenderlas, pero una actitud reactiva sería muy poco. Hay que tener una rutina de inspecciones. De nada sirve que la semana equis se hagan 50 mil inspecciones, si después no se van a hacer más. Logramos avanzar sobre una sistematización, que fue positiva”.

Juan Jose Alvarez hablo mas de si mismo que de Cromañon

Tanto la fiscalía como la defensa del juicio político contra Aníbal Ibarra esperaban más de la declaración del ahora diputado nacional Juan José Alvarez. Sin embargo, las dos partes quedaron conformes con los testimonios del ex funcionario, a quien convocó Aníbal Ibarra una semana después del trágico accidente en el local República de Cromañón, tras la renuncia de Juan Carlos López. Se esperaba que la declaración del bonaerense actuara como bisagra en el proceso, pero Alvarez habló más de sí mismo y sus competencias que de Cromañón. Los ibarristas quizá pretendían que el ex secretario aseverara que todo funcionaba perfectamente al momento de su arribo y, en cambio, la oposición, que todo era un caos.

En realidad, Alvarez se animó a defender más a Ibarra, pero ya fuera del recinto donde se llevan las audiencias, es decir, ante los medios. Por eso para la oposición su testimonio perjudicó a Ibarra porque «con las normas que ya existían pudo clausurar locales». Para la defensa, habló bien del suspendido jefe de Gobierno «porque dijo que lo acompañó en todo sin restricciones».

Alvarez, con largas respuestas que fundamentalmente versaron sobre su manera de gestionar, aseguró que se presentó ante la Sala Juzgadora (podía declarar por escrito) sin intenciones de «inculpar ni exculpar a nadie», sino de explicar los pasos para «recuperar la capacidad de fiscalización» en un escenario de «crisis» en la Ciudad, luego de Cromañón.

«Llegué a la Secretaría de Seguridad, a un lugar con una enorme crisis», dijo el ex funcionario y aclaró: «Vine a un gobierno con el cual no tenía ninguna relación política, ni partidaria, de ningún tipo. Ni siquiera soy vecino de la Ciudad».

• Poder de clausurar

Una de las cuestiones importantes que destacaron los fiscales es que Juanjo Alvarez demostró que «los inspectores tenían poder de policía para clausurar con las normas en vigencia», pero que no se aplicaron. «Con la normativa vigente al 7 de enero de 2005 -ocho días después de la tragedia- se hicieron quinientas clausuras. El poder de policía no se interpretaba, se aplicaba», afirmó Alvarez -quien condujo el área de Seguridad durante cuatro meses-, lo que fue interpretado como que la gestión anterior era deficiente, teniendo en cuenta que el local República de Cromañón carecía de la habilitación por medidas de seguridad contra incendios que otorgan los Bomberos de la Policía Federal.

Antes de Alvarez declaró su sucesor en el cargo, el actual secretario de Seguridad, Diego Gorgal, y también afirmó que la falencia de certificación o el vencimiento del certificado de Bomberos era una causal de clausura. Eso resultó para la fiscalía casi la evidencia que estaban buscando para adjudicar a Ibarra mal desempeño, aunque inspectores que declararon en audiencias anteriores aseguraron que la normativa no les permitía clausurar, sino intimar.

Les preguntaron si los inspectores pueden consultar por handy, en medio de un operativo, si clausuran o no, como habían narrado otros testigos: «A un inspector no se le puede dar una potestad a medias. No hay limitación para eso», dijo Alvarez -«No». y Gorgal fue rotundo: Para la defensa de Ibarra, que el área funcionara con irregularidades no implica que el jefe de Gobierno sea acusado de mal desempeño. En cambio, para los acusadores es suficiente.

Por otra parte, Gorgal reveló que separó momentáneamente de su cargo a Paula Trunso, la funcionaria que supuestamente organizó una reunión entre Ibarra y un inspector que debía declarar como testigo en la Sala Juzgadora. Eso cayó mal en la defensa, que viene desestimando el episodio.

Además, afirmó que hay 70 mil establecimientos críticos y que durante 2005 hubo 10 denuncias por corrupción y que los inspectores sospechados fueron separados preventivamente del cargo. Después de los funcionarios llegaron a la sala otros testigos, entre ellos el que condujo la troupe de inspectores que Ibarra desalojó acusándolos de « focazo de corrupción», en 2003. Alejandro Kampelmacher respondió sobre una inspección al Reventón (luego convertido en República de Cromañón), que supuestamente debía haber sido clausurado, pero no lo fue. Sin embargo, esa respuesta favoreció a Ibarra ya que a todo ese plantel lo desplazó sospechándolo de corrupción.

Juan Jose Alvarez declaro en el juicio de Ibarra

“NI A INCULPAR NI A EXCULPAR”

“No vine a inculpar, ni a exculpar a nadie”, sostuvo el diputado duhaldista Juan José Alvarez, apenas salió de declarar en el juicio político a Aníbal Ibarra. Alvarez desembarcó tras Cromañón en el Gobierno porteño y se hizo cargo de la Secretaría de Seguridad. Ayer dijo que la encontró “en una enorme crisis” y que, con la misma normativa, duplicó las inspecciones y clausuró 500 locales. Su testimonio –al igual que el de Diego Gorgal, que ejerce actualmente el cargo– contrastó con el de los inspectores que aseguraron la semana pasada que no se podía clausurar. “El Estado recuperó la capacidad de fiscalización, que perdió mucho antes de Cromañón”, evaluó el fiscal Jorge Enríquez, mientras que el defensor Julio Golodny destacó que “Alvarez fue favorable a Ibarra, porque dijo que recibió su apoyo”.

Apenas entró, Alvarez explicó que había renunciado a su derecho, como diputado, de responder por escrito y que incluso había concurrido al enterarse por los medios, porque la citación oficial nunca la recibió. Fue muy precavido en sus respuestas, pero dejó entrever algunas falencias del esquema previo. Contó que en los 120 días que estuvo a cargo hizo una 500 clausuras con la misma normativa de antes de Cromañón. “Hicimos una oleada de inspecciones, que para algunos fue un show, pero le decía a la sociedad que estábamos controlando”, recordó, e incluso se permitió citar a Perón (“el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor”). Aseguró que se duplicaron las inspecciones, que creó un mapa de riesgo –que le tomó un mes– y un registro donde los boliches debían inscribirse previamente para funcionar. “Si existía antes, no tengo conocimiento”, dijo.

Respiró hondo cuando le preguntaron cómo había encontrado el área. Recurrió a la interpelación a Ibarra: “El jefe de Gobierno dijo que el área no funcionaba ni de lejos correctamente. Mi sensación es que había mucho por hacer”. Remarcó la presión de la sociedad después del incendio. “Llego a un lugar donde había una enorme crisis”, reiteró, y luego lo relativizó: “No es que tuve que sacar de abajo de la tierra lo que no había. Había gente valiosa y mecanismos adecuados. No alcanzó”, sentenció.

Gorgal confirmó las líneas que planteó Alvarez, aunque la mayor parte de su declaración pareció un informe de gestión. Recordó que Ibarra ordenó que no fuera a la comisión investigadora de Cromañón, que estaba integrada únicamente por la oposición. “Había una valoración política para no concurrir”, explicó. Sostuvo que el inspector no debe consultar cuando hay que clausurar un local y que sin certificado de incendios, se clausura. Los inspectores que declararon la semana pasada habían dicho lo contrario sobre la gestión de Fabiana Fizsbin. Gorgal aseguró que en 2005 se hicieron 50 mil inspecciones, frente a 16 mil de 2004.

A pesar de que la fiscalía interpretó que los testimonios sirven a su estrategia, en el gobierno porteño evaluaron que fue favorable a Ibarra. “Alvarez no hizo un planteo tajante, del tipo ‘antes era un desastre’”, analizó el secretario de Comunicación porteño, Daniel Rosso, que consideró que la gestión de Fizsbin “operó sobre una situación previa de corrupción. Antes tenías un número alto de inspecciones y uno bajo de clausuras”. Señaló que en 2003, hubo 45 mil inspecciones y 400 clausuras, y que en 2004 hubo 16 mil inspecciones y más de 1500 clausuras.

Ayer faltaron Ana Fernández y Gustavo Torres, dos ex funcionarios procesados en la causa de Cromañón. Sí asistió el ex coordinador de la UPI, Horacio Santinelli, que fue separado del cargo cuando asumió Fizsbin en 2003. Fue asesor del legislador Ariel Schiffrin, un ex aliado político de Ibarra que lo enfrentó duramente tras Cromañón. Contó que cuando se formó la UPI trabajaban en una pizzería. “Esta situación duró un mes y medio”, explicó. Además, dijo saber de una cena de fin de año en 2003 en el boliche Millenium –cuya habilitación se cuestionó en el juicio– de la que participaron Fizsbin y Vilma Ibarra. También relató un incidente con el director de Fiscalización y Control, Alejandro Kampelmacher, que intentó impedir que clausuraran una parrilla. Kampelmacher fue separado junto con otros 500 empleados cuando Ibarra descubrió un “focazo de corrupción”. Kampelmacher, que declaró después, negó el incidente. “¿Usted o su esposa son dueños de una parrilla?”, preguntó la macrista Silvia Majdalani. “La única parrilla que conozco es la del fondo de mi casa”, contestó.

Informe: Werner Pertot.

Juan José Alvarez llegó a la Secretaría de Seguridad luego de la tragedia de Cromañón.

Alvarez repartio criticas y algunos elogios para el gobierno de Ibarra

Por Mariana García. Si algo demostró Juan José Alvarez en su testimonio de ayer fue una envidiable capacidad de equilibrista. El ex secretario de Seguridad porteño declaró durante dos horas ante la Sala Juzgadora que lleva adelante el juicio político contra Aníbal Ibarra y, con un discurso sin fisuras, terminó llevándose elogios de la defensa, de la acusación y también de los jueces.
“Llegué a un lugar donde había, evidentemente, una enorme crisis”, dijo Alvarez sobre su arribo a la secretaría de la que dependía el sistema de control y habilitaciones. De inmediato, a los tres fiscales se les dibujó una sonrisa que duró poco. “No es que no existía nada, había gente valiosa y mecanismos adecuados”, siguió, y esta vez, a quienes se les dibujó una sonrisa fue a los tres abogados defensores.
Es que todos quedaron conformes con la declaración del ahora diputado nacional Alvarez en el juicio político que determinará la responsabilidad del suspendido jefe de Gobierno porteño en el incendio de Cromañón. Para los fiscales, con su testimonio quedó claro que las leyes que existían ante de la tragedia eran suficientes para poder controlar y clausurar los boliches de la Ciudad.
“Alvarez elaboró en un mes un mapa de riesgo, algo que Ibarra nunca hizo”, le dijo Jorge Enríquez a Clarín. Entusiasmado, el más fervoroso anti-ibarrista de los tres fiscales, repetía uno a uno los datos aportados por el ex secretario de Seguridad.
La defensa también de deshizo en elogios: “Fue un examen de idoneidad, Alvarez mostró la más amplia solvencia y, como él mismo dijo, tuvo el amplio apoyo del jefe de Gobierno”, sostuvo Julio Golodny, uno de los abogados de Ibarra. Es que para la defensa, sí la gestión de Alvarez fue exitosa, el mérito corresponde a quien lo designó, es decir a Ibarra.
Alvarez aseguró que en los cuatro meses que duró su gestión se hicieron unas 500 clausuras de locales considerados peligrosos, que iban desde boliches hasta estaciones de servicio. Dijo también que esos comercios fueron cerrados con “la normativa vigente al 7 de enero de 2005″, es decir al día de su asunción. Aunque él mismo aclaró después que, para entonces, Ibarra ya había firmado dos decretos de necesidad y urgencia fijando nuevas normas.
Pero Alvarez también agregó un dato clave para la acusación: que los inspectores tenían la facultad para clausurar por sí solos.
“Yo no vine ni a inculpar ni a exculpar a nadie”, sostuvo Alvarez ante la prensa luego de su declaración en el recinto de la Legislatura. Había llegado a las 8:30 de la mañana y tuvo que esperar pacientemente hasta las 13 para que comenzara su turno.
Antes que él lo había hecho Diego Gorgal, quien lo reemplazó en la Secretaría de Seguridad y quien también recibió elogios cruzados (ver página 15).
Juan José Alvarez llegó a ese puesto ocho días después de la tragedia. Su nombre lo había propuesto el otro peronista del Gabinete porteño, el vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman. Alvarez dijo que sólo iba a asumir si tenía la aprobación del presidente Néstor Kirchner pero también de su padrino político, Eduardo Duhalde. Tuvo ambas. Eran los tiempos en que en la Casa de Gobierno creían que había que apostar al rescate de Ibarra.
Alvarez dejó sus vacaciones en Punta del Este para comandar —y mostrar— los megaoperativos de control. En un gobierno en estado de shock, su estilo contrastaba. A los cuatro meses, tal cuál había acordado de antemano, se marchó, pero en su lugar dejó a su discípulo, Diego Gorgal.

EQUILIBRISTA. JUAN JOSE ALVAREZ, AYER, EN LA LEGISLATURA PORTEÑA. HABIA LLEGADO DE LA MANO DE KIRCHNER Y DUHALDE. (Foto: Gerardo Dell O´Ro) 

 

Un testimonio bien político

 

En los cuatro meses que duró su paso por la Ciudad, Juan José Alvarez se negó a ocupar su despacho. Prefirió seguir en sus oficinas de Recoleta. Desde allí podía darse el lujo de tardar horas en responder un llamado de su jefe, Aníbal Ibarra. Pero a pesar de sus silencios, su lógica peronista de ejecutar le dio al Gobierno porteño un poco de oxígeno luego de la crisis en que lo había sumergido la tragedia de Cromañón. Ayer, Alvarez volvió a mostrar su estilo: su testimonio fue la primera declaración política en un juicio político. Y lo que hizo fue hacer política. Para él. El ex secretario de Seguridad fue el principal favorecido. Todos elogiaron su gestión. Alvarez había aceptado ese cargo seguro de que así podría reposicionarse en las primeras filas. Luego vinieron las elecciones y él quedó del lado de los perdedores. Hoy es uno de los pocos diputados que todavía se reconocen duhaldistas.

Dudas por los controles previos a 2005

Los testimonios brindados ayer ante la Sala Juzgadora de la Legislatura por el ex secretario de Seguridad y Justicia porteño Juan José Alvarez y por su sucesor, el actual secretario de Seguridad de la ciudad, Diego Gorgal, resultaron a todas luces negativos para la anterior gestión del área, a cargo de Juan Carlos López, porque demostraron que con prácticamente el mismo personal y la misma normativa podía realizarse el triple de inspecciones y depurarse el padrón de locales de distintos rubros habilitados en la Capital.
O sea que el poder de policía podía ser administrado y aplicado mejor que como se venía haciendo, un dato de peso en el juicio político a Aníbal Ibarra por mal desempeño, porque los principales cargos imputados en su contra tienen relación con el ineficaz ejercicio de esa potestad, que supuestamente creó las condiciones previas para que la tragedia de Cromagnon pudiera ocurrir y tuviera consecuencias de magnitud, como la muerte de 193 personas.
Deberán los 15 miembros de la Sala Juzgadora, al fin de la etapa de debate oral, inferir de los elementos recogidos de las declaraciones y de la prueba documental si la responsabilidad política sobre las irregularidades ya descubiertas en el área de control -junto con la falta de atención de las alertas institucionales y el manejo de la emergencia- alcanza al suspendido jefe de gobierno o queda restringida a niveles inferiores del gobierno porteño.
“Clausuré locales con la normativa vigente antes de Cromagnon, para algunos incluso demasiados. Debe haber habido alrededor de 500 clausuras. Las enfrenté con el mismo personal y con la normativa vigente”, sostuvo Alvarez al responder a las preguntas de la acusación.
Luego, al ser consultado por la defensa de Ibarra, aclaró que entre esa normativa estaban los decretos de necesidad y urgencia firmados por él y por el funcionario desplazado. Pero luego ratificó sus dichos iniciales: admitió que “por la ordenanza 50.250 [previa al incendio en Once] los inspectores tenían potestad para clausurar ante la falta del certificado de instalaciones contra incendio al día” y admitió que buena parte de las discos cerradas tras la tragedia no hubieran podido reabrir por incumplimiento de la normativa anterior.
“Yo aplicaba el poder de policía con toda la contundencia. Si dijera que no se podía hacer, estaría en un problema”, agregó el hoy diputado nacional duhaldista.
¿Cómo lo hizo si antes no se hacía? La fórmula la explicó así: “Con saturación de inspecciones, más concentración de los recursos en los lugares críticos, más una clara señal de que los operativos eran transparentes”. Para determinar estos puntos críticos, claro, Alvarez debió confeccionar un mapa de riesgo porque no conoció -dijo- ningún mapa anterior. “Para nosotros era fundamental elaborarlo, para también tener la posibilidad de asignar adecuadamente las inspecciones”, expresó.

Otros tiempos: el secretario Alvarez y el jefe de gobierno Ibarra, en enero de 2005. Foto: Archivo

El diputado asumió al frente de la entonces Secretaría de Seguridad y Justicia el 7 de enero de 2005, pocos días después del incendio en la disco de Bartolomé Mitre 3060, y emprendió una “oleada de inspecciones”, según las palabras que él empleó ayer. “Eran parte de una política que decía a la sociedad y a quienes lucran con actividades que generan riesgo «Estamos controlando»”, describió.
Además, recordó que, cuando llegó a la Ciudad, había unos 200 locales bailables habilitados y que ignoraba cuántos funcionaban. “Pero sólo 50 reabrieron durante mi gestión; entiendo que hoy son 70. El resto no cumplía los requisitos de seguridad”, dijo.
Alvarez permaneció en el gobierno porteño hasta fines de abril. En cuatro meses, recordó ayer, hizo “unas 15.000 inspecciones”, un número casi igual a las 16.000 realizadas en todo 2004. De todas maneras, aclaró, “el éxito de una gestión está en que se sistematicen las clausuras”.
De que las clausuras habían quedado sistematizadas dio cuenta Gorgal, que era subsecretario de Alvarez y luego lo reemplazó. Informó que en todo 2005 la cifra ascendió a 50.000 inspecciones. “Llegamos a revisar todo el universo de establecimientos educativos privados y el 75% de los de salud privados”, ejemplificó.
Sobre la gestión previa a la que compartió con Alvarez, consideró que “desde la conducción faltaba decidir los criterios y los objetivos de los controles, sobre los cuales los cuadros intermedios luego diseñaran la rutina de inspecciones”.
Y admitió que existe una deficiencia en el sistema de sanción, dependiente de la Subsecretaría de Justicia. “No es lo suficientemente severo para corregir las conductas detectadas con el control. Hay locales que los cerramos varias veces, pagan una cómoda multa y vuelven a abrir”, concluyó.